Detienen en Andorra a «financista» por las coimas en el Soterramiento del Sarmiento

El medio hermano del expresidente uruguayo Julio María Sanguinetti quedó procesado y detenido en Andorra, acusado de ser un eslabón clave en la trama de sobornos que montó Odebrecht a través de sociedades offshore y paraísos fiscales.

¿Su objetivo? El contrato para soterrar el tren Sarmiento.

La jueza Canòlic Mingorance envió a prisión al operador financiero Andrés Sanguinetti, tras concluir que existen pruebas suficientes para considerarlo protagonista de la multimillonaria operatoria de coimas y lavado de Odebrecht que pasó por el Banco Privado de Andorra (BPA).

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La jueza Mingorance ya mantuvo un primer contacto con magistrados argentinos. Les informó que existe en Andorra documentación vinculada a ilícitos implicados con negocios en la Argentina -donde la investigación abarca ya a más de 30 acusados- que debe ser solicitada vía exhorto.

Conocido como Betingo, en tanto, Sanguinetti negó los cargos y aceptó su extradición a Andorra, poco después de que la Justicia de ese principado ordenara su búsqueda e Interpol lo localizara en Montevideo. Llegó a Europa y quedó detenido.

Para su abogado, Jorge Barrera, Sanguinetti es ajeno a la operatoria delictiva. «Estaba sujeto a subordinación y tenía a tres jerarcas por encima de su puesto de trabajo», dijo a la prensa uruguaya, por lo que sostuvo que «no tenía posibilidad de abrir cuentas de clientes y no puede responder por actos en los cuales actuó como subordinado».

Sin embargo, un exabogado externo de Odebrecht devenido testigo protegido en Madrid, Rodrigo Durán, relató sus encuentros en Barcelona con Sanguinetti y un ejecutivo brasileño, Luiz Eduardo da Rocha Soares, uno de los máximos responsables de los sobornos que pagó Odebrecht, condenado en Brasil, donde se acogió al régimen de la delación premiada.

El capítulo andorrano del Lava Jato ya alcanza a Sanguinetti y a otros 29 acusados, y ganó fuerza cuando el diario El País, de España, reveló que la compañía brasileña pagó más de ?200 millones en sobornos a políticos, funcionarios y empresarios de América Latina a través del BPA.

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Entre los documentos de la policía andorrana a los que accedió el diario español, sin embargo, también incluían un reporte del 11 de abril pasado, en que los investigadores relevaron que el consorcio que Odebrecht integró junto a la constructora Iecsa -por entonces de Ángelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri-, Ghella y Comsa desembolsaron al menos ?395.000, en negro, a una subcontratista para canalizar sobornos.

El dato surge de las actas secretas del departamento de «compliance» del BPA -es decir, el área a cargo de evaluar las buenas prácticas y detectar maniobras ilícitas dentro del banco-, en las que consta un llamativo pedido que remitió Sanguinetti desde Montevideo.

Representante del BPA en Uruguay entre 2006 y 2015, Sanguinetti pidió la venia del banco para pagar con dinero negro a una firma vinculada al proyecto para soterrar el tren Sarmiento. «Se solicita autorización para ejecutar una operación triangular, en la que participan Lion’s Soul y Carday, para pagar a una subcontratista en B», planteó el 22 de julio de 2011.

Quién o qué empresa aparece como subcontratista -y receptor de esos euros- permanece en las sombras, mientras que los nombres correctos de ambas sociedades, son Lion’s Soul Corporation, con sede en Amsterdam, y Carday Capital, constituida en Panamá.

Tras esas sociedades, aparecen los socios de una casa de cambio uruguaya Cambio Europa, Gustavo Pintos Giordano y Carlos Tarigo Bonizzoni, junto al empresario Ricardo Fontana Allende. Los tres acumulan antecedentes en Brasil, donde los investigaron antes por fuga de divisas y lavado, mientras que ambas sociedades conforman la punta de una compleja cadena offshore de ramificaciones delictivas.

Constituida por Mossack Fonseca, el estudio jurídico panameño que protagonizó los Panamá Papers, Carday Capital es controlada por Dulcan Inc y Winsley Inc., otras dos sociedades panameñas que aparecen en varias investigaciones. Entre otras, por una estafa a 1000 inversores canadienses, por un caso de corrupción del expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, y por el «caso Gürtel» de financiamiento ilegal del Partido Popular español.

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