Para hacer lugar en las cárceles el Gobierno busca que cientos de presos sean beneficiados con domiciliaria o tobillera electrónica

El jueves pasado, en una reunión en el Ministerio de Justicia de la que participó un rato el ministro Germán Garavano, el Gobierno anticipó su intención de que entre 500 y 700 presos alojados actualmente en cárceles federales puedan ser beneficiados con un régimen de prisión domiciliaria o sistema de monitoreo con tobillera electrónica. 

Con la necesidad de descomprimir las cárceles, desde el Ministerio de Justicia hicieron ese planteo ante jueces, fiscales, defensores oficiales, miembros de la Procuración Penitenciaria de la Nación y de distintas Organizaciones No Gubernamentales.

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En ese mismo encuentro, las autoridades del Ministerio entregaron una lista con los nombres y apellidos de los detenidos que, de acuerdo a los informes realizados, estarían en condiciones de ser beneficiados con el arresto domiciliario o una tobillera electrónica de monitoreo.

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En ese listado, según dijeron fuentes del Gobierno, se incluyó a «mujeres embarazadas o con chicos a cargo. Enfermos terminales. Y mayores de 70 años. Todos con informes favorables». Desde el Ministerio agregaron: «Hay una cantidad importante de internos que tiene perfiles muy moderados y muy propicios para la reinserción».

Uno de los jueces presentes en la reunión del jueves pidió la palabra para plantear sus reparos. Contó que había tenido que afrontar un juicio político en el Consejo de la Magistratura por haberle otorgado una salida transitoria a un preso que después volvió a cometer un delito.

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Desde el Ministerio de Justicia le respondieron que ya existen 2.100 presos con prisión domiciliaria o tobilleras electrónicas y que «en ninguno de esos casos se registraron reincidencias. El monitoreo reduce muchísimo las chances de que vuelva a delinquir».

Para sostener la iniciativa, aún sabiendo que generará polémica, en el Gobierno aseguran que es necesario tomar medidas para «descomprimir las cárceles». Hoy, explican, hay más internos que «plazas» (como llaman a los más de 12.000 lugares que tienen las prisiones federales).

«Estamos metiendo camas de más y achicando los lugares de esparcimiento y los lugares de visita. Y eso tiene consecuencias negativas para lograr la reinserciónde los internos en la sociedad», explicaron fuentes del Ministerio de Justicia.

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