Empresas que hicieron pasar a sus empleados como aportantes recibieron jugosos contratos

Al menos dos empresas de seguridad privada sospechadas de donar fondos a Cambiemos entre 2015 y 2017 sumaron contratos millonarios en los últimos años, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en el ámbito del Estado nacional.

Los empleados de Murata se usaron para justificar $ 480 mil en las PASO de 2015.

Las compañías Murata SA y Briefing Security están en la mira del caso de los aportantes truchos.

Los empleados de Murata se usaron para justificar $ 480 mil en las PASO de 2015. Luego, volvieron a utilizar sus nombres para justificar aportes de la campaña de octubre por otros $ 330 mil; y en 2017, seis de ellos aparecen aportando $ 100.500 a la campaña en la Provincia en 2017.

Las compañías que prestan servicios al Estado nacional, provincial o porteño tienen prohibido por ley aportar a campañas

A la ex empleada Brenda Osso, que relató su caso el domingo último, la utilizaron tres veces: aparecía aportando $ 95 mil en el primer informe de gastos de las PASO de Cambiemos en 2015; otros $ 30 mil a la campaña presidencial de octubre; y $ 16.500 más para la campaña legislativa del oficialismo en la provincia de Buenos Aires en 2017.

Briefing Security presentaría el mismo patrón. Los ejecutivos de esta empresa aparecen aportando $ 320 mil a la campaña de las PASO 2015; otros $ 180 mil en la generales de octubre de ese año; y $ 96 mil más en las legislativas de la provincia de Buenos Aires en 2017.

Las compañías que prestan servicios al Estado nacional, provincial o porteño tienen prohibido por ley aportar a campañas. Por eso, la Justicia investiga si el dinero donado a nombre de los empleados provenía de los dueños de estas empresas.

“La realidad es que estamos trabajando con una ley siniestra”

“Lo que puede haber pasado es que las empresas quisieron ayudar a la gente que simpatiza con nosotros y que salieron a buscarnos plata, y la han canalizado a través de alguna persona física. Es plata legal pero que pasa al circuito negro. No avalamos esta práctica y vamos a acompañar a la Justicia”, aseguraron en el entorno de Mauricio Macri. “La realidad es que estamos trabajando con una ley siniestra”, agregaron.

El 28 de octubre de 2015, tres días después de las elecciones presidenciales, la gestión de Macri licitó a cuatro empresas de seguridad privada un negocio de $ 4.440 millones: la custodia y vigilancia de edificios y otros bienes del Gobierno de la Ciudad hasta 2019. Murata se quedó con una importante porción del contrato ($ 1.265 millones). Briefing Security recibió otra zona del mapa porteño y un contrato por $ 1.091 millones.

Murata ganó también la seguridad en el Banco Ciudad, y desde la llegada del macrismo a Nación sumó contratos. Actualmente, tiene preadjudicada una licitación para realizar la seguridad de la Secretaría de Deportes por $ 24,9 millones.

Briefing Security también sumó negocios con la llegada de Cambiemos al Ejecutivo nacional. Desde marzo, tiene preadjudicado un contrato de $ 34,4 millones para realizar la seguridad de los edificios del Banco Nación por un año.

Murata viene siendo blanco de una investigación en el fuero federal. A partir de una denuncia de Margarita Stolbizer

Murata viene siendo blanco de una investigación en el fuero federal. A partir de una denuncia de Margarita Stolbizer, la fiscal Alejandra Mangano investiga un contrato asignado de manera directa a la compañía por parte de las autoridades del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) en medio de un conflicto gremial por el despido de 258 empleados del organismo.

De acuerdo a la presentación, la gestión de Cambiemos en el INTI contrató a “personal de civil armado que recorre el predio y que persigue, amenaza y acosa a los trabajadores”. El servicio le costaría al Estado unos $ 1.300.000 por mes, de acuerdo a la presentación y a la documentación acompañada.

Fuente: Perfíl