La ONU contra la persecución política en Bolivia

En un lapso de tres días dos altas autoridades de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), manifestaron su preocupación por la persecución política y judicial que hay en Bolivia, y advirtieron de los riesgos que ésta puede provocar sobre el proceso electoral que se cierne en el país para el próximo 03 de mayo. 

Secretario General de la ONU, Antonio Guterres

El primero en manifestar sus objeciones sobre el tema fue nada menos que Jean Arnault, enviado del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, quien el 3 de febrero, dijo que esta organización mundial, “prestará especial atención al respeto y garantías del debido proceso” en el país, ello en medio de denuncias de dirigentes y ex autoridades del gobierno de Evo Morales, quienes han y son detenidos cada día, siendo víctimas de acusaciones armadas e inventadas por las que muchos también se han visto obligados a salir al exilio. 

En esa línea, ayer el relator Especial de la ONU sobre Independencia de Magistrados y Abogados, Diego García-Sayán, expresó su preocupación por el uso de las instituciones judiciales en Bolivia para la persecución política e identificó que uno de esos casos fue el del asambleísta Gustavo Torrico, aprehendido en las últimas horas.

Crece el número de detenciones ilegales

“Me preocupa el uso de las instituciones judiciales y fiscales con fines de persecución política. Crece el número de detenciones ilegales. Hoy, fue el turno del ex-ministro Gustavo Torrico. Llamo al respeto a la independencia de las instituciones y al debido proceso”, sostuvo el relator de la Organización de Naciones Unidas (ONU) a través de su cuenta en Twitter.


Por su parte, Arnault que llegó a Bolivia a inicios de esta semana emitió a los medios de prensa una declaración de 12 párrafos en la que sobresalen por ejemplo el criterio de la ONU, sobre el proceso electoral que empieza vivir el país, por lo que dijo que es esencial que no se realicen actos de persecución política, incluyendo el abuso de procedimientos judiciales”. La declaración se dio en medio de la polémica por el secuestro de la documentación del ex presidente Evo Morales para inscribirse como candidato y tras casi tres meses de persecución del Gobierno de facto.

Arnault también advirtió que tras la crisis de octubre y noviembre de 2019, en Bolivia existe una “exacerbada polarización y sentimientos encontrados de esperanza, pero también de incertidumbre”, por lo que hizo un llamado para que los bolivianos estén “a la altura” del desafío democrático que se avecina.

Así mismo advirtió que comienza una etapa decisiva para la consolidación de la paz en Bolivia y dice que, para que ello se concrete, se debe garantizar el ejercicio de los derechos constitucionales “y a elegir y ser elegidos con plena libertad, sin atropellos, intimidación o discriminación de ningún tipo”, como un guiño a las acciones que ejecuta el Gobierno de Facto, el Ministerio Público, el Poder Judicial y la policía. 

Corresponde en particular proscribir los discursos de odio y la incitación directa o indirecta a la violencia o la discriminación

“Corresponde en particular proscribir los discursos de odio y la incitación directa o indirecta a la violencia o la discriminación. Si bien, en medio de las tensiones actuales, esos discursos buscan objetivos partidistas de corto plazo, perjudicarán a más largo plazo la paz, la tranquilidad y la gobernabilidad democrática del país”, añadió.

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