La irresponsabilidad de las figuras públicas: desde Viviana Canosa a Gerardo Morales

En Mendoza, cuatro personas reportaron un cuadro de intoxicación por haber consumido dióxido de cloro. Por otra parte, en Jujuy se investiga la muerte de un hombre de 50 años que consumió dicha sustancia en gran cantidad. Si bien podrían considerarse casos aislados, estos ocurren en un marco de pandemia, donde la desinformación se amplifica y la situación se agrava cuando las figuras públicas, tanto periodistas como dirigentes políticos, son irresponsables.

Mucho se ha dicho ya del episodio de Viviana Canosa y el consumo en vivo de dióxido de cloro, el compuesto industrial que, aunque se hizo popularmente conocido como “solución mineral milagrosa”, no posee aval científico sanitario. Incluso es desaconsejado por entes gubernamentales, como el caso de la ANMAT en Argentina, que desmintió su eficacia en 2016 y tuvo que hacerlo nuevamente durante la pandemia. El martes 4 de agosto, ANMAT advirtió sobre su consumo y las consecuencias, pero al día siguiente, Viviana Canosa lo desafió en televisión: “voy a tomar un poquito de mi CDS. Oxigena la sangre, viene divino” anunció y tomó un largo trago. Después aclaró “yo no recomiendo. Les muestro lo que hago”.

No se trata estrictamente de una vulneración al artículo 205 del Código Penal o una apología del delito, pero sí al consumo de una sustancia tóxica. Este evento podría denunciarse como violación el artículo 70 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que establece que “la programación de los servicios previstos en esta ley deberá evitar contenidos que (…) induzcan a comportamientos perjudiciales para el ambiente o para la salud de las personas y la integridad de los niños, niñas o adolescentes”. Es cierto que Viviana Canosa no recomendó explícitamente tomar dióxido de cloro, pero al hacerlo en televisión, induce o condiciona a los televidentes a consumirlo.

En otro extremo, tenemos a Gerardo Morales, gobernador de Jujuy, que no promovió el consumo de dióxido de cloro, pero sí alentó a la automedicación en una conferencia oficial. El domingo 9 del corriente, el gobernador condujo el informe semanal del Comité Operativo de Emergencias, en el que invitó a los habitantes de la provincia a automedicarse como medida para alivianar síntomas y evitar el colapso sanitario que se avecina en su jurisdicción. A pesar de ser contador, el dirigente indicó el consumo de paracetamol y de azitromicina “para irla peleando”. Este anuncio fue acompañado de un flyer oficial en redes que indicaba instrucciones acerca de cómo automedicarse con esas y varias otras drogas.

Este evento le costó al gobernador una denuncia por vulnerar el artículo 208 del Código Penal, que establece como delito el anuncio, prescripción o administración de medicamentos o tratamientos sin tener título ni autorización pertinente. Acorde a la denuncia presentada, el anuncio del gobernador generó que a la mañana siguiente, la azitromicina estuviera agotada en todas las farmacias de la capital jujeña.

Por más que estos actos puedan tener acciones legales, estas no reparan las consecuencias de la imprudencia de las figuras públicas. Detrás de un micrófono hay una responsabilidad social que todos deben cumplir y debemos exigir que se cumpla, ya que la amplificación de ciertos discursos puede ser sumamente peligrosa, tanto individualmente como para el bien común. Más si lo que está en juego es la salud pública.

Antonella Bartolozzi

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