¿Qué tiene de nuevo este proyecto de ley de IVE?

Por Malena Alvarez

Desde un principio, la secretaria legal y técnica de la Presidencia Vilma Ibarra aclaró a referentes de la Campaña Nacional por el Aborto Legal que el proyecto enviado desde el Ejecutivo no traería sorpresas y así fue: en líneas generales los proyectos son iguales.

Sin embargo, hay unas pequeñas diferencias a tener en cuenta a la hora de sancionar, debatir, defender y votar esta futura ley. La primera se ve ya en los objetos de ambos textos, dado que el que se presentó ayer también toma en cuenta desde el inicio la atención post aborto.

En el Artículo 5 se observa la que para algunos es una gran disimilitud y, para otros, no representa gran diferencia. Mientras que el proyecto presentado en 2018 aclara el acceso a este derecho “en un plazo máximo de cinco días corridos desde su requerimiento”, el del Poder Ejecutivo habla de diez días corridos. Además, este último añade algunos puntos más especificando la necesidad de trato digno, privacidad, confidencialidad, autonomía de la voluntad, acceso a la información y calidad en este proceso, sin dejar nada libre a la interpretación.

El texto de la Presidencia, si bien está claramente inspirado en el de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, suma un artículo entero sobre la objeción de conciencia de los profesionales de la salud. Si bien esta se permite, también se pone por debajo del derecho de la persona con capacidad de gestar a acceder a una interrupción voluntaria del embarazo en los plazos correspondientes.

Y en el Artículo 15, que trata de los abortos realizados después de las 14 semanas de gestación, ambos proyectos señalan que no es delito en causales de riesgo de salud de la persona con capacidad de gestar o de embarazos productos de violación, siempre y cuando se presente la declaración jurada pertinente. Pero además, el escrito del Ejecutivo esclarece que en los casos de personas menores de 13 años la declaración no será requerida.

Esta ley sustituirá varios artículos del Código Penal, dado que las mujeres y otras personas con capacidad de gestar, al día de hoy inclusive, son criminalizadas por intentar acceder al que debería ser un derecho. Acá se puede ver otra desemejanza: el proyecto de la Campaña Nacional por el Aborto Legal especifica que la persona que aborte en ningún caso será penada, mientras que en el que se tratará en los próximos meses se lee que “será reprimida con prisión de tres meses a un año la persona gestante que luego de la semana catorce de gestación y siempre que no mediaren los supuestos previstos en el artículo 86” abortase.

La última diferencia está en el artículo que añadió el Ejecutivo y que marca la obligatoriedad de una capacitación en los contenidos de esta ley para todo el personal de salud.

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