Denuncian a Horacio Rodríguez Larreta por “privatizar la campaña de vacunación”

La abogada Natalia Salvo denunció al Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aíres, Horacio Rodríguez Larreta, y al ministro de salud porteño, Fernán Quirós, por haber llevado adelante convenios con empresas de medicina privada para la aplicación de vacunas contra el covid-19.

La letrada los acusa de la comisión de delitos de acción pública al “privatizar” la inmunización.

La denuncia es en base a la supuesta existencia de contratos entre el Gobierno porteño con prepagas y obras sociales encargadas de ejecutar el plan de vacunación de la Ciudad. A través de esos convenios, se habrían otorgado privilegios a dichas instituciones privadas y a sus socios.

“El GCBA, a cargo de Horacio Rodriguez Larreta, estaría privatizando la campaña de vacunación que se lleva adelante frente a la pandemia que aqueja a toda la población, beneficiando a grupos privados en detrimento de la población en general”, aseveró Salvo en la denuncia.

“Esta práctica para facilitar vacunaciones de privilegio y la ausencia de información y/o documentación que permita determinar la trazabilidad de las vacunas resultarían constitutivos del delito previsto en el artículo 248 del Código Penal, que reprime con un pena de un mes a dos años de inhabilitación especial por doble tiempo”, argumenta la abogada.

“La falta absoluta de compromiso para garantizar el orden prioritario para la aplicación de vacunas contra el coronavirus y la pretendida eximición de responsabilidad respecto de los funcionarios públicos que suscribieron los convenios, reviste un accionar de inusitada gravedad institucional porque no solo se está incumpliendo con los deberes de funcionario público, sino que se está impidiendo que personas consideradas de mayor riesgo y que necesitan vacunarse, no pudieran hacerlo, aumentando sus posibilidades de contraer la enfermedad y fallecer”, sostiene Salvo en su escrito.

En su denuncia adjuntó imágenes de afiches del Sanatorio Güemes en el que ofrece inoculaciones de forma exclusiva a los afiliados de HOMINIS y OSUTHGRA y otro de la AMM con la misma premisa.

“Como se puede apreciar, el Gobierno de la Ciudad Autónoma ha decidido privatizar la campaña de vacunación en clara violación de lo dispuesto por la ley nacional, violando los deberes de funcionario público”, indica Salvo.

“Lo que supone un programa equitativo que proteja a la población terminaría siendo un negocio de privados por exclusiva responsabilidad de los funcionarios de CABA que deciden que las vacunas sean ‘sólo para socios’.

En suma, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires habría decidido que la salud de los ciudadanos esté privada a quien es ‘socio’ de las instituciones privadas con quien sus funcionarios habrían firmado los repudiados convenios”, resume.

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