Un concejal entrerriano, perteneciente a la alianza neoliberal de Juntos por el Cambio, fue detenido por la Gendarmería en Corrientes, cuando retornaba de la provincia de Misiones transportando más de once kilos de marihuana.
El procedimiento tuvo lugar en cercanías del acceso a la localidad de Tapebicuá, en Paso de los Libres, mientras los gendarmes estaban realizando un control de rutina sobre la ruta nacional 14.
Uno de los ocupantes del vehículo fue identificado como Santiago Andrés Irigoyen, concejal de la localidad de Pueblo General Belgrano, en Entre Ríos, por el partido vecinalista Nueva Generación, una agrupación que forma parte de Juntos por el Cambio.
De acuerdo con el reporte de Gendarmería, el Peugeot 307, patente FNR-483, era conducido por Rubén Cáceres, un ex integrante de la Prefectura Naval, pero pertenecería al edil. El tercer hombre fue identificado como Gastón Eduardo Fiorotto, domiciliado en Paso de los Libres.
En horas de la madrugada del sábado, los integrantes del Escuadrón 7 de Gendarmería notaron que un vehículo que circulaba hacia el Sur giró en U sobre la calzada al notar la presencia del retén.
El coche emprendió el retorno sin levantar mucha velocidad, en un intento por no generar sospechas, pero la patrulla le dio alcance cuando el conductor ya había detenido la marcha sobre la banquina.
En el automóvil Peugeot 307 viajaban tres hombres que no pudieron ocultar cierto nerviosismo.
La requisa del coche no arrojó los resultados esperados, pero cuando los gendarmes ampliaron la búsqueda a los alrededores, encontraron un bolso con 41 paquetes de marihuana que pesaron 11,889 kilos.
Los ocupantes del vehículo habían contado que retornaban de la ciudad misionera de Jardín América y su destino final era la ciudad entrerriana de Gualeguaychú.
Este no es el primer escándalo narco que involucra a La dirigencia de Cambiemos en la provincia mediterránea, siendo el arresto y condena del Intendente de Paraná, Sergio Varisco, el caso paradigmático.
El alcalde de la capital provincial fue condenado a seis años y medio de prisión al considerarlo partícipe necesario del delito de comercialización de estupefacientes.
