La Justicia ordenó no cobrarle el impuesto a la riqueza a un empresario

Una jueza federal le ordenó a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) no cobrarle el “Aporte solidario y extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia” a un empresario del sector tecnológico que inició una causa judicial por considerar que se trata de una medida que afecta su derecho a la propiedad.

Fuentes judiciales informaron que la magistrada en lo contencioso administrativo Cecilia Gilardi Madariaga de Negre aceptó una medida cautelar de Alejandro Scannapieco, ejecutivo de la empresa Globant.

“Hacer lugar a la medida cautelar solicitada y, consecuentemente, disponer que la parte accionada (NdA: la AFIP) se abstenga de aplicarle las disposiciones emergentes de la Ley 27.605”, resolvió la jueza en su fallo del viernes pasado.

La decisión tendrá una vigencia de tres meses con una caución de 100 mil pesos que debe pagar el empresario hasta que se resuelva la cuestión de fondo que reclama en su amparo, que es que no le cobren el aporte llamado impuesto a las grandes fortunas o a la riqueza que aprobó el Congreso de la Nación en diciembre del año pasado.

La decisión judicial solo alcanza al ejecutivo de Globant.

La ley fue impulsada por el gobierno del Frente de Todos para que las personas con patrimonios superiores a los 200 millones de pesos paguen el impuesto producto de la crisis económica que generó la pandemia.

El plazo de pago vence el próximo 30 de marzo, según la reglamentación que el mes pasado hizo la AFIP de la ley.

Scannapieco presentó un amparo en la justicia para no pagar el tributo. Explicó que afecta su derecho a la propiedad, que no se trata de un aporte voluntario, sino de un impuesto que es confiscatorio.

El empresario agregó que la medida afecta su capacidad contributiva y que se trata de un impuesto similar al de Bienes Personales, lo que es una duplicidad tributaria.

El empresario pidió que antes de resolver el amparo se dicte una medida cautelar, que es frenar el perjuicio que la persona plantea hasta que se defina la causa judicial.

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