Un grupo de diputados nacionales de extracción sindical presentó un proyecto de “ley antinegacionista”.
El mismo estipula sanciones civiles y penales a conductas negacionistas sobre genocidios y crímenes de lesa humanidad, de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, y de la existencia de epidemias o pandemias que pongan en riesgo la salud pública.
La iniciativa, de cinco artículos, sostiene que “quien públicamente niegue, justifique, reivindique, exalte, o de algún modo menosprecie la comisión de delitos de genocidio, de lesa humanidad o crímenes de guerra, sus consecuencias y efectos sobre las víctimas o a quienes fueron condenados por su comisión, será obligado, a pedido de las víctimas de tales delitos y/o de quienes vean afectado un interés legítimo, a cesar en su conducta y a reparar el daño moral y material ocasionados”.
La misma suerte correrá, de acuerdo a la propuesta de ley, quien “niegue, banalice o de algún modo menosprecie” la soberanía de Argentina sobre las Islas Malvinas, o quien “niegue, impida, o menosprecie la existencia de una epidemia o pandemia y sus efectos sobre la salud pública, o de algún modo obstaculice las medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la introducción o propagación de una epidemia o pandemia”.
Con este iniciativa se propone elevar “en un tercio el mínimo y en un medio el máximo de la escala penal de todo delito reprimido por el Código Penal o leyes complementarias” relativo a estas conductas.
En cuanto a los funcionarios públicos, se dispone que se “aplicará la accesoria de inhabilitación para el desempeño de cargos públicos por el doble del tiempo que el de la condena”.
La iniciativa lleva las firmas de los diputados Walter Correa, Carlos Ortega, Pablo Carro, María Rosa Martínez, Claudia Ormachea, Vanesa Siley, Carlos Cisneros, Carlos Ponce, Hugo Yasky y Alcira Figueroa.
