La Justicia de Estados Unidos citó a declarar al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia y otros dirigentes de la entidad antes del regreso del seleccionado argentino al país después de la final del Mundial ante España.
El operativo, del que participaron agentes del FBI, se realizó en el marco de una investigación preliminar sobre la estructura financiera utilizada en contratos internacionales de la entidad madre del fútbol argentino.
Hasta el momento no existe un número de caso penal formalizado. El Departamento de Justicia de Estados Unidos mantiene este procedimiento bajo una investigación preliminar (pre-indictment) en la Corte del Distrito Sur de Florida, por lo que la documentación actual se gestiona mediante citaciones y órdenes de incautación en lugar de una imputación criminal abierta con número de expediente público.
La corte les exigió presentar toda la información y registros de sus comunicaciones cruzadas vinculadas a los contratos comerciales de la institución. Esto lo tiene que hacer el 30 de julio, cuando debe presentarse personalmente ante la justicia de la Florida.
El requerimiento se enfoca en los contratos internacionales de la Asociación del Fútbol Argentino. Más precisamente, aquellos gestionados a través de TourProdEnter LLC. Cuando se presente ante los jueces estadounidenses, Tapia debe aportar los registros de mensajes, llamadas y correos compartidos con el tesorero Pablo Toviggino, Diego Lucero y el empresario Javier Faroni.
Los fiscales que llevan adelante la investigación son Patrick Gushue, Christopher Ting y Michael Berger. Ting trabaja como abogado litigante (Trial Attorney) en el Departamento de Justicia de Estados Unidos y está radicado en Washington D.C., donde forma parte del equipo de fiscales federales especializados en la investigación de delitos económicos y financieros.
El fiscal federal Michael Berger trabaja como abogado litigante senior (Senior Litigation Counsel) en la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Florida del Departamento de Justicia, especializada en delitos financieros y corrupción internacional.
Gushue es un fiscal federal que trabaja en la Unidad de Integridad Bancaria de la División Penal del Departamento de Justicia, con sede en Washington, D.C. Además, ejerce como director interino del Programa Piloto de Premios para Denunciantes Corporativos.
Esta especialidad de Gushue puede tener vinculación con la colaboración que empezó a prestar a la justicia estadounidense Juan Pablo Beacon, ex mano derecha de Toviggino que fue accionista de la empresa Malte SRL, utilizada para comprar la mansión de Pilar que investiga la justicia argentina.
Beacon habría entregado documentación y testificó en varias oportunidades. Al parecer, esos datos fueron los que causaron el secuestro de los dispositivos electrónicos y la solicitud de entregar todas las comunicaciones y contratos con TourProdEnter LLC.
