Dueño de un portal de noticias irá a juicio por difundir fotos “íntimas” de Fabiola Yáñez

El dueño de un portal de Internet afrontará un juicio oral y público acusado de hostilizar, discriminar y difundir imágenes íntimas de la pareja y el hijo del presidente de la Nación, Alberto Fernández.

La fiscal Daniela Dupuy formuló la acusación contra Mario Rubén Casalongue, titular del sitio web de noticias Agencia Nova, a quien imputó conductas ofensivas contra la primera dama, Fabiola Yáñez; contra el hijo del Jefe del Estado, Estanislao Fernández Luchetti, y contra el abogado de ambos, Juan Pablo Fioribello.

Mario Rubén Casalongue

Casalongue está acusado no sólo por las expresiones publicadas en el sitio web y en las redes sociales, sino también por desobedecer una orden judicial que le prohibió aludir a la familia presidencial.

“El 5 de abril, el portal de internet llamado Agencia Nova, cuya propiedad y dirección se ha corroborado que corresponde a Mario Rubén Casalongue realizó publicaciones con un claro mensaje agraviante, discriminatorio y con imágenes alusivas a distintas partes pudendas del cuerpo de Fabiola Yáñez, sin su consentimiento”, sostuvo la fiscal.

Según la imputación, violando la ley nacional de protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, Casalongue continuó “publicando imágenes privadas acompañadas de leyendas agraviantes, haciendo alusión a actividades realizadas con anterioridad al lugar público que hoy ocupa”.

La familia Presidencial

“Las conductas llevadas a cabo contra la Sra. Fabiola Yáñez no cesaron, sino más bien escalaron. (…) Nuevamente difundió información a sabiendas de su falsedad y con total despreocupación en relación a la real afectación que pueden provocar sobre el nombre y honor de la persona”, explica la acusación.

Casalongue nunca declaró en el juicio y sólo fue notificado del proceso judicial gracias a una intensa búsqueda de los querellantes, especialmente del abogado/damnificado, quien impulsó la querella y obtuvo la elevación a juicio en dos meses.

La acusación incluye figuras delictivas y contravencionales. Entre las primeras, el Código Penal establece penas prisión de 15 días a un año de cárcel para quien “resistiere o desobedeciere a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones o a la persona que le prestare asistencia a requerimiento de aquél o en virtud de una obligación legal.”.

Pero además, la fiscal pidió una pena de 40 días de “arresto de efectivo cumplimiento” y la obligación de asistir  a un Taller del “Programa Capacitación en Prevención de Prácticas Discriminatorias” dictado por el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI).

Fuente
Tiempo Argentino
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