Sobre la vuelta a las aulas y la situación docente

La presión empezó en Twitter con las llamadas “escuelas blue”, que consistían en grupos reducidos guiados por maestros particulares. Una especie de escuelas clandestinas, o al menos, así lo proponían algunos usuarios. La agitación y el reclamo genuino de algunos padres llegó a oídos de la oposición, quien vio el rédito electoral y lo tomó como bandera.

“¡Abran las escuelas!” reclamó Mauricio Macri, quien recientemente creó una fundación cuya prioridad dice ser la educación. Sector no solo descuidado, sino también atacado por la gestión macrista con recortes de presupuesto, cierres de escuelas y declaraciones despectivas del estilo “caer en la escuela pública”. Hoy la educación es –supuestamente- tomada como prioridad por Juntos por el Cambio, aunque el mes pasado el GCBA haya recortado el 70% del presupuesto en infraestructura escolar y haya ajustado 370 millones del Plan Sarmiento, destinado a proveer tecnología en el ámbito educativo. El recorte presupuestario en materia educativa no es novedad: en 2010, Macri como Jefe de Gobierno redujo el presupuesto del 27% al 22%, hoy, con Larreta, el mismo representa el 17,18% del total.

“#VolvamosALaEscuela” es el nuevo hashtag que agita la oposición para militar la apertura de las escuelas, aun en este contexto de crisis sanitaria. Se convoca una marcha el 9F para reclamar esta medida, incluso cuando ningún funcionario del Gobierno se haya opuesto a ella. De hecho, el Ministro Nicolás Trotta manifestó en varias ocasiones su voluntad de volver a las aulas, siempre y cuando la situación epidemiológica lo permitiera y se desarrollaran los protocolos pertinentes. En simultáneo, los distritos van avanzando con el plan de vacunación.

No es el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que propuso el 17 de febrero como fecha de inicio de clases presenciales, cuando los porteños ni siquiera tienen abierto el sitio de inscripción para recibir la vacuna. Tampoco están cerrados ni garantizados los protocolos sanitarios escolares, o al menos, los borradores son poco claros para los docentes. A menos de dos semanas del comienzo, restan muchas interrogantes por resolver.

Tal fue la inquietud del juez Gallardo, quien citó a Soledad Acuña y Fernán Quirós para que explicaran los protocolos con claridad, ante un amparo presentado por SUTECBA, pero el gobierno de la Ciudad hizo un pedido de recusación de dicho juez. Es decir, se pidió que se lo apartara de la causa ya que, para los funcionarios, no estaba garantizada la imparcialidad. Según alegan desde GCBA, Gallardo tendría decidido frenar el comienzo de las clases. Medida que, por cómo avanza la cuestión, no sería para nada injustificada.

Una de las cuestiones que preocupan a los docentes son las mal llamadas burbujas, que no resultaron tales, ya que la Ministra Acuña manifestó que los docentes podrían dar clases presenciales tanto en varias aulas como en distintas escuelas. Si bien es bastante lógico que los estudiantes/docentes de riesgo no deban asistir, aún no se ha detallado cómo será el trabajo remoto de los mismos. ¿Se supone que el docente debe dar la clase presencial, ocuparse de que los menores cumplan los protocolos y, en simultáneo, trabajar con el estudiante que esté en casa?

Otro asunto preocupante es el traslado hacia la escuela. El comunicado publicado en la página del gobierno porteño resolvió poner cartelería que indicara priorizar a estudiantes y docentes y apelar a la responsabilidad ciudadana. Más allá de pedirle responsabilidad a una población genuinamente harta y, por ende, bastante más descuidada, ¿con qué criterio se maneja esto? ¿Un trabajador podría llegar 40 minutos tarde por dar prioridad a un estudiante o docente? Una buena medida referida al traslado es el uso gratuito de las EcoBicis. El problema de las mismas es su desigual distribución: en el oeste y sur de la ciudad, la estación de EcoBici es la excepción.

En cuanto a la responsabilidad civil de los docentes, ¿qué ocurre si un estudiante con autonomía de colocarse el barbijo se niega terminantemente a utilizarlo o a cumplir las medidas del protocolo? ¿Y si alguien se contagia producto de esto? ¿Tiene el docente responsabilidad legal? Con respecto a la detección, proponen únicamente dos centros de testeo para docentes en toda la Ciudad. ¿Cómo se dirigen hasta los mismos?

Finalmente, el comunicado establece que las escuelas que “no presenten las condiciones para recibir a los chicos y chicas” deben presentar “una propuesta alternativa”, como si fuera culpa de las escuelas no contar con dichas condiciones, y no de un gobierno cuya desidia se deja ver en la falta de inversiones, falta de vacantes y hasta en episodios de intoxicación de estudiantes por recibir viandas en mal estado. El mayor ejemplo de la desidia Pro en materia educativa lo observamos en la provincia de Buenos Aires, donde lamentamos la explosión de una escuela en la localidad de Moreno, que se llevó la vida de Sandra y Rubén.

Cabe destacar también qué concepción tienen los referentes del Pro sobre la docencia. En 2017, la gobernadora Vidal convocó a voluntarios para reemplazar a los maestros ante el conflicto por la paritaria, lo que deja entrever que los considera prescindibles. Sin dejar de lado las definiciones que hizo la Ministra Acuña sobre los docentes en el mes de noviembre, donde los trató de fracasados, zurdos, viejos y pobres. De dichas apreciaciones, no es de sorprender que Cambiemos defina al sindicato docente como enemigo y que, generalmente en años electorales, lo construya ante la opinión pública como maleantes que tienen de rehenes a los alumnos. En definitiva, no reconocen que las medidas de fuerza son un derecho constitucional, como así también lo es la retribución justa, ambos consagrados en el artículo 14bis. En este año particular, se adiciona la exigencia de condiciones sanitarias que, para los sindicatos, no estarían garantizadas.

Sin dudas, hay un reclamo genuino por parte de los padres. No solo la escuela es necesaria como ordenador de un circuito económico, sino que es necesaria la socialización de los estudiantes en su proceso de aprendizaje. La pregunta que yo me hago es, ¿están dadas las condiciones para que la vuelta a las aulas sea posible sin exponer a ningún estudiante, trabajador o familia? ¿O simplemente es una medida electoralista y marketinera de un sector que no hizo más que menospreciar la educación durante años?

Antonella Bartolozzi

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