La Organización de las Naciones Unidas denunció a Javier Milei
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) le solicitó al presidente Javier Milei que aclare una serie de medidas que podrían representar un “ataque a la independencia judicial” y un deterioro de la democracia.
A través de un comunicado oficial firmado por nueve relatores del Consejo de Derechos Humanos, denunció graves casos de represión a la protesta social, hostigamiento a jueces y uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas federales.
“Deseamos expresar nuestra profunda preocupación por lo que parece ser un esfuerzo organizado y deliberado para hostigar y castigar a jueces en represalia por su labor judicial”, afirma el texto oficial, publicado el 11 de julio.
La denuncia internacional se originó a partir del caso de la jueza Karina Andrade, quien reportó amenazas y campañas de desprestigio en pos de liberar a 114 personas detenidas en una protesta el 12 de marzo de 2025. De acuerdo a lo que explicó, las detenciones se realizaron “sin las garantías legales necesarias”, como la falta de notificación al tribunal y omisiones sobre el lugar, la hora y el motivo de las detenciones.
Además, resaltó que “el derecho a la protesta, especialmente cuando se ejerce en defensa de grupos vulnerables, es un derecho protegido constitucional y convencionalmente”.
Debido a estos hechos, las autoridades del Ministerio de Seguridad y del Ministerio de Justicia anunciaron que pedirían la destitución de Andrade. Además, el vocero Manuel Adorni, escribió en redes sociales: “La justicia de la puerta giratoria es responsable directa de la inseguridad. Los que militan la impunidad en cada fallo también son cómplices”.
A partir del análisis de Naciones Unidas, se identificó una campaña de desprestigio contra la jueza: “Este patrón de estigmatización abusiva y ataques ad hominem por parte del Ejecutivo […] incluirán acoso y abuso del público», con amenazas de muerte y violencia sexual contra la magistrada. La entidad agregó que estas represalias “parece ser un ataque directo a la independencia del Poder Judicial federal y de los jueces que integran el sistema”.
También denunciaron la situación del juez Roberto Gallardo, perseguido por limitar la participación de las fuerzas federales en operativos de seguridad.
