Denunció a su ex por amenazas, nadie la escuchó y la ejecutó a balazos en la puerta de su casa
La Legislatura de Santa Fe resolvió suspender por 90 días sin goce de sueldo a la fiscal María Verónica Ballari, quien se desempeñaba en la Fiscalía Regional 2, tras detectarse demoras e irregularidades en una investigación por violencia de género.
La denuncia había sido radicada por Ailén Ayelén Oggero (32), la enfermera que fue asesinada a disparos en la puerta de su casa en Rosario.
La medida fue adoptada luego de que la Comisión de Acuerdos considerara su actuación en causas vinculadas a violencia de género. Según plantearon los legisladores, la situación quedó expuesta tras el femicidio de Oggero, ocurrido el 18 de febrero de 2025 en un domicilio del barrio Belgrano.
Inicialmente, el pedido de sanción había sido formulado por la Auditoría General de Gestión del Ministerio Público de la Acusación, a cargo de Leandro Mai. De esta manera, determinaron suspenderle el sueldo por 90 días.
Si bien la fiscal no estaba a cargo de la investigación del crimen, sí gestionaba la causa previa en la que la víctima había denunciado amenazas y hostigamiento por parte de su ex pareja, un hombre de 34 años identificado como Jonathan Oscar Omill. Por este motivo, le reprocharon no haber imputado y/o solicitado medidas cautelares en contra del denunciado antes de que fuera asesinada.
De acuerdo con la información publicada por Rosario 3, la denuncia fue radicada en noviembre de 2024 ante un Centro Territorial, cuando Oggero acusó a su ex por agresiones y amenazas reiteradas. En esa oportunidad, relató haber vivido un episodio en el que Omill había ingresado por la fuerza a su vivienda, la agredió y la privó de la libertad durante dos horas.
A raíz de esto, el acusado recibió una restricción de acercamiento, pero no fue imputado ni detenido hasta después del crimen. No obstante, post crimen, la ex pareja de la víctima fue condenada el 2 de marzo de este año por delitos de violencia de género que le endilgaron. Producto de un juicio abreviado homologado por el juez Gustavo Pérez de Urrechu, se acordó una pena de 4 años y 6 meses de prisión.
